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Centrales sindicales y federaciones del sector público presentan a Santos pliego de peticiones unificado

—Lo consideran un hecho histórico—

El pasado 7 de febrero las tres centrales sindicales y todas las federaciones nacionales del sector público: Fecode y Fenaltrase (CUT), Unete y Utradec (CGT), Fecotraservipublicos y Fenaser (CTC), radicaron en la Presidencia de la República un pliego unificado que recoge las peticiones y reivindicaciones laborales y salariales de los trabajadores al servicio del estado en todos los niveles: nacional, departamental y municipal, que en total suman 1´183.000, según cifra del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Este pliego es el resultado de un proceso de unidad y deliberación del movimiento sindical del sector público, y tiene como piso jurídico el Decreto 1092 que el año pasado suscribió el Gobierno Nacional. Contempla, entre otras, reivindicaciones en materia laboral y prestacional, ampliación de las plantas de personal, revisión del reglamento de la carrera administrativa y la aplicación de las sentencias 614 de 2009 y 171 de 2012 de la Corte Constitucional, referidas a la formalización laboral y la obligación de vincular directamente a los empleados con funciones permanentes, o sea acabar con las plantas paralelas y la precarización en el empleo público.

El pliego fue radicado directamente en la Presidencia de la República porque, según el aludido decreto, es el Presidente Santos quien tiene la competencia constitucional y legal para negociar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. El Presidente tiene 5 días hábiles (hasta mediados de esta semana) para definir la Comisión Negociadora por parte del Gobierno.

Por parte del movimiento sindical la comisión estará conformada por 3 representantes de cada una de las federaciones estatales y de las centrales sindicales, con el apoyo de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP). Asimismo, las federaciones solicitarán acompañamiento de la OIT.

Un hecho histórico

El hecho fue calificado como histórico por la dirigencia sindical estatal en razón a que es la primera vez que los funcionarios del estado negocian sus condiciones de trabajo con el soporte de una norma, como lo es el Decreto 1092. Los pliegos unificados presentados en el pasado no tuvieron una base jurídica que obligara al gobierno a la negociación. Se recuerda aquel que presentaron al presidente Samper y que conllevó a un paro nacional estatal de 35 días.

“Además en la actual coyuntura contamos con una reactivación del movimiento sindical estatal, que ha mejorado cualitativamente su nivel de coordinación y unidad de acción”, señaló Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, quien recordó que en los últimos diez años el sindicalismo estatal fue duramente golpeado por procesos de reestructuración de las entidades públicas. En el gobierno Uribe se reestructuraron unas 500 entidades y se recortaron muchas plantas de personal.

Si bien en su momento las federaciones sindicales estatales manifestaron que el decreto 1092 no llenaba sus expectativas, dadas su limitaciones, “logramos superar la discusión sobre si el decreto es bueno o malo. De todas maneras da un margen que nos permite avanzar en el derecho a negociación colectiva”, dijo al respecto Juan Diego Gómez, Secretario Subregional Andino de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), organización que ha venido acompañando el proceso.

“No es un pliego que vaya a llevar al estado colombiano a la quiebra. Es muy aplomado, orientado a que se cumplan normas de la carrera administrativa y se corrijan las disparidades que en el sector público, tanto en lo salarial como de los cargos”, opinó Jorge Peña, presidente de Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos, de la CTC.

Este pliego nacional unificado es referencia para los pliegos que los funcionarios presentarán ante alcaldes, gobernadores y directores de demás entidades estatales del orden nacional. Hasta el momento ya se han presentado unos 50 pliegos, uno ellos el que Sinaltraempros le presentó al propio Ministerio de Trabajo, que según Francisco Maltés, debe dar ejemplo y dar salida efectiva a las peticiones formuladas por sus trabajadores.

Fecode participó en el proceso de elaboración del pliego unificado, pero a la vez presentará su propio pliego sectorial que recoja las aspiraciones específicas de los educadores colombianos.

Puntos centrales del pliego

“No es un pliego tan amplio como hubiéramos querido, pero tampoco tan restringido que no recoja las reivindicaciones más sentidas de los estatales”, opinó Juan Diego Gómez, de la ISP.

Entre otras cosas, los sindicatos estatales esta vez buscan que haya una nivelación de salarios y prestaciones para los trabajadores en todos los órdenes. “Es pertinente la discusión de una política salarial, porque no tiene sentido que los funcionarios del orden nacional perciban unos beneficios que no tienen los del orden regional, habida cuenta de que hay una ley de carrera administrativa que se aplica a todo el mundo y les exige los mismos requisitos”, señaló Percy Oyola, presidente de Utradec, federación de la CGT.

Otro punto central es la ampliación de las plantas de personal en las entidades públicas, a fin de dar cumplimiento a las dos mencionadas sentencias de la Corte Constitucional, que conminan a los nominadores a vincular de planta a los empleados tercerizados que tangan funciones permanentes.

Según un acopio de datos que hizo el año pasado el Ministerio de Trabajo, en el sector público hay 171 mil funcionarios tercerizados. “Pero esa no es una cifra confiable porque no sabemos si todos los alcaldes, gobernadores y directores de entidades públicas dijeron la verdad sobre sus empelados tercerizados”, puntualizó Oyola, y agregó que hoy la única administración que viene propiciando que no haya más contratos ni órdenes de prestación de servicios, y está ampliando planta de personal y nombrando provisionales en propiedad, es la administración distrital de Bogotá.

Al respecto, Francisco Maltés agregó que el pliego también plantea una reforma al código penal para que se convierta en delito de fraude procesal nombrar personas deslaboralizadas en la administración pública; que sea delito de peculado el pagar salarios con gastos de inversión, o que se confabulen los nominadores con los jefes administrativo y de personal para nombrar funcionarios de planta, lo que sería concierto para delinquir.

Corregir la anomalía de la tercerización contribuiría a fortalecer el movimiento sindical, bastante golpeado por esa anomalía toda vez que los tercerizados difícilmente se pueden afiliar a los sindicatos. Y en este sentido también se buscará que todos los funcionarios beneficiarios de la negociación colectiva paguen cuota sindical,como una forma de fortalecer el movimiento sindical estatal. “Hay un parasitismo. Unos se benefician de los acuerdos que logran los demás y no aportan nada”, señaló al respecto Percy Oyola.

El pliego aspira asimismo a corregir aspectos que tienen que ver con las deficiencias de la carrera administrativa, así este tema esté vedado en el Decreto 1092. “Toca hacerlo porque además es un tema abordable desde la óptica del diálogo social establecido por la OIT”, destacó Percy Oyola. Al respecto el pliego incluye la solicitud de que se eleven a categoría de faltas gravísimas que los nominadores boicoteen la carrera administrativa en cualquier de sus procesos, o bloquen los concursos de méritos.

Esperan el compromiso del gobierno

El movimiento sindical estatal espera que el gobierno nacional dé ejemplo para que también a nivel departamental y municipal los alcaldes y gobernadores permitan que fluya la negociación colectiva como un derecho de los servidores públicos.

“Este año en la Conferencia de la OIT se evaluará cómo se está aplicando en Colombia el Convenio 151, y esperamos que el Gobierno haga una buena letra en este tema si no quiere tener que hacer una cara desafortunada en esta conferencia. Porque lo que vemos es que alcaldes y gobernadores han mostrado resistencias a la negociación de los pliegos que se les han presentado, persisten en su cultura antisindical”, señaló Percy Oyola.

“Estamos muy optimistas de salir adelante en este proceso. Esperamos que así como hay diálogos en La Habana con las FARC, aquí también haya diálogo con los trabajadores estatales. Sería un lamentable mensaje que con los unos negocien y no con nosotros”, puntualizó Jorge Peña, de la CTC.

Para los días 1º y 2º de marzo se programó en Bogotá el Tercer Encuentro Nacional Estatal, con el fin de revisar los procesos de la negociación y establecer las estrategias y acciones que permitan su avance.