En el día de hoy martes 22 de
enero de 2013, los profesionales de la salud, muy especialmente los médicos,
recién egresados de las facultades de Medicina, Enfermería, Odontología y
Bacteriología, del departamento de Antioquia, marcharon por las calles de la ciudad
de Medellín en protesta por las determinaciones del Gobierno nacional en la
forma de asignar los cupos en las instituciones tanto públicas como privadas
para cumplir el requisito establecido en la Ley 1164 del 3 de octubre de 2007 y
la Resolución 1058 del 2010, de realizar el Servicio Social Obligatorio (SSO)
como condición para el ejercicio de su profesión.
La Junta Directiva de ASMEDAS Antioquia manifiesta su preocupación por las consecuencias que están teniendo las últimas medidas legales y reglamentarias y apoya las exigencias de los egresados de las facultades de Salud.
La actual situación se genera como consecuencia de las fallas estructurales del actual sistema de Salud establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en donde el talento humano en salud ocupa un segundo plano en las definiciones de políticas públicas.
Los actuales egresados de las facultades de Salud no cuentan con las garantías laborales y prestacionales para un ejercicio adecuado de su profesión y son tratados por las instituciones en forma indigna, con malos salarios, inestabilidad laboral, condiciones ocupacionales denigrantes, y muchas veces atrasos en sus remuneraciones salariales, tercerización, etc.
Desde 1949, y mediante el Decreto 3842, el Estado colombiano estableció la obligatoriedad de la medicatura rural bajo el criterio de prestar servicios de salud a las zonas más deprimidas y de difícil acceso pero, a la vez, como experiencia laboral y académica. Inicialmente, asumió la financiación la cual, con el transcurso de los años, fue dejando a la libre oferta y demanda. Antes de la Ley 100 de 1993, los médicos rurales eran asignados y pagados directamente por las Direcciones Seccionales de Salud; sin embargo, la Ley 100 entregó la oferta de las plazas del año rural y su remuneración a las entidades prestadoras de salud (IPS), fueran públicas o privadas, con formas contractuales y salariales diferentes.
Hoy, se debaten diferentes fórmulas para salir del conflicto, entre otras las promulgadas por algunos decanos de facultades de Medicina, los cuales consideran que se debe terminar con la obligatoriedad del servicio social como requisito para ejercer la profesión; mientras que otros opinan “que el que obliga se obliga”, es decir, que si el Estado colombiano estableció la obligatoriedad de dicho servicio social como requisito para el futuro ejercicio profesional, se debe obligar a garantizarlo para todos los egresados, financiándolo con condiciones laborales dignas y de igualdad, cosa que desafortunadamente hoy no sucede.
La Junta Directiva de ASMEDAS Antioquia hace un llamado al Gobierno nacional para impulsar una verdadera reforma estructural al actual Sistema de Salud, donde los trabajadores y los profesionales jueguen un papel decisivo en su desarrollo pero, a la vez, garantizándoles condiciones dignas y justas en su labor. Y en lo inmediato, aumentar plazas y apropiar recursos para pagar en forma directa ese primer empleo de los actuales egresados de las facultades de Salud.
Finalmente, ASMEDAS manifiesta su disposición de contribuir en el debate sobre la pertinencia de la obligatoriedad de ese Servicio Social Obligatorio en las actuales condiciones de desarrollo social y político del país.
La Junta Directiva de ASMEDAS Antioquia manifiesta su preocupación por las consecuencias que están teniendo las últimas medidas legales y reglamentarias y apoya las exigencias de los egresados de las facultades de Salud.
La actual situación se genera como consecuencia de las fallas estructurales del actual sistema de Salud establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en donde el talento humano en salud ocupa un segundo plano en las definiciones de políticas públicas.
Los actuales egresados de las facultades de Salud no cuentan con las garantías laborales y prestacionales para un ejercicio adecuado de su profesión y son tratados por las instituciones en forma indigna, con malos salarios, inestabilidad laboral, condiciones ocupacionales denigrantes, y muchas veces atrasos en sus remuneraciones salariales, tercerización, etc.
Desde 1949, y mediante el Decreto 3842, el Estado colombiano estableció la obligatoriedad de la medicatura rural bajo el criterio de prestar servicios de salud a las zonas más deprimidas y de difícil acceso pero, a la vez, como experiencia laboral y académica. Inicialmente, asumió la financiación la cual, con el transcurso de los años, fue dejando a la libre oferta y demanda. Antes de la Ley 100 de 1993, los médicos rurales eran asignados y pagados directamente por las Direcciones Seccionales de Salud; sin embargo, la Ley 100 entregó la oferta de las plazas del año rural y su remuneración a las entidades prestadoras de salud (IPS), fueran públicas o privadas, con formas contractuales y salariales diferentes.
Hoy, se debaten diferentes fórmulas para salir del conflicto, entre otras las promulgadas por algunos decanos de facultades de Medicina, los cuales consideran que se debe terminar con la obligatoriedad del servicio social como requisito para ejercer la profesión; mientras que otros opinan “que el que obliga se obliga”, es decir, que si el Estado colombiano estableció la obligatoriedad de dicho servicio social como requisito para el futuro ejercicio profesional, se debe obligar a garantizarlo para todos los egresados, financiándolo con condiciones laborales dignas y de igualdad, cosa que desafortunadamente hoy no sucede.
La Junta Directiva de ASMEDAS Antioquia hace un llamado al Gobierno nacional para impulsar una verdadera reforma estructural al actual Sistema de Salud, donde los trabajadores y los profesionales jueguen un papel decisivo en su desarrollo pero, a la vez, garantizándoles condiciones dignas y justas en su labor. Y en lo inmediato, aumentar plazas y apropiar recursos para pagar en forma directa ese primer empleo de los actuales egresados de las facultades de Salud.
Finalmente, ASMEDAS manifiesta su disposición de contribuir en el debate sobre la pertinencia de la obligatoriedad de ese Servicio Social Obligatorio en las actuales condiciones de desarrollo social y político del país.
GERMAN E. REYES FORERO
Presidente Junta Directiva ASMEDAS
